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ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA
CAMPESINOS E INDÍGENAS
CAMPESINOS E INDÍGENAS
Gobierno peruano responde al Paro Agrario con militarización y criminalización.
Hasta el momento hay al menos cuatro víctimas mortales
El Paro Nacional Agrario convocado por las organizaciones campesinas, agrarias e indígenas del Perú e iniciado ayer 18 de febrero es un éxito en todo el país. La protesta organizada se ha hecho sentir en todas las regiones. El Gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al Ejército. El saldo hasta el momento es de, al menos, cuatro muertos.
Sin embargo, ese mismo Gobierno difunde mensajes de democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen valer sus derechos son reprimidos y judicializados.
Este accionar represivo se enmarca en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta, por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas que serán presentadas al Tribunal Constitucional.
Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso y amenazas permanentes a sus dirigentes.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI, expresa su firme respaldo al Paro Nacional Agrario y su plataforma adjunta; y rechaza la represión indiscriminada, exigiendo sanción para los responsables de las muertes, el inicio inmediato del diálogo, el fin del Estado de Emergencia y un alto definitivo a la criminalización de las protestas sociales, especialmente indígenas y campesinas.
Lima, 19 de enero del 2008
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
Hasta el momento hay al menos cuatro víctimas mortales
El Paro Nacional Agrario convocado por las organizaciones campesinas, agrarias e indígenas del Perú e iniciado ayer 18 de febrero es un éxito en todo el país. La protesta organizada se ha hecho sentir en todas las regiones. El Gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al Ejército. El saldo hasta el momento es de, al menos, cuatro muertos.
Sin embargo, ese mismo Gobierno difunde mensajes de democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen valer sus derechos son reprimidos y judicializados.
Este accionar represivo se enmarca en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta, por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas que serán presentadas al Tribunal Constitucional.
Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso y amenazas permanentes a sus dirigentes.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI, expresa su firme respaldo al Paro Nacional Agrario y su plataforma adjunta; y rechaza la represión indiscriminada, exigiendo sanción para los responsables de las muertes, el inicio inmediato del diálogo, el fin del Estado de Emergencia y un alto definitivo a la criminalización de las protestas sociales, especialmente indígenas y campesinas.
Lima, 19 de enero del 2008
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
La foto ha sido tomada de La República (20.1.2008).
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